El dilema del orden público

La línea entre libertad y seguridad ciudadana sigue siendo un debate que enfrenta a una sociedad cada vez más movilizada contra una clase política falta de respuestas eficaces ante los conflictos sociales.

El artículo 16 de la Constitución española dice garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley.  Esto último se traduce en la Ley española como “asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como la de prevenir la comisión de delitos y faltas”.

El problema de estas frases legales es la interpretación de las mismas y los límites entre la libertad y el control. En los últimos años, la defensa del orden público se ha convertido en una herramienta de represión ideológica, según algunos activistas y partidos políticos de izquierda.  El pasado mes de diciembre Izquierda Unida de Madrid acusó al gobierno del PP de utilizar la detención del joven madrileño Alfonso Fernández como medida “arbitraria que busca ser ejemplarizante contra la contestación social“.

“El notable incremento de las movilizaciones que estamos viviendo en estos meses también viene acompañado de un importante acelerón represivo”, explicaban desde La Haine, proyecto colectivo que se define “de contrainformación” al hablar de las detenciones que sucedieron tras la Huelga General del 29M en Euskadi y Navarra. “Las detenciones se produjeron en plan redada. La Policía les iba interceptando al ir al trabajo, a clase e incluso en el mismo colegio. Fueron directamente detenidos y fichados”, denunciaban.

De hecho, el pasado marzo de 2012 se creó en Cataluña una plataforma, Rereguarda en Moviment, que agrupa a entidades y movimientos sociales que convergen al denunciar el giro “totalitario y represivo” de los gobiernos autonómicos y central. Un giro que, según explicaban, “hace peligrar los derechos fundamentales de reunión y manifestación”.

Según el activista impulsor del movimiento Yo no pago, Alex Corrons, “las detenciones tienen como objetivo acabar con cualquier tipo de disidencia ideológica que ponga en cuestión los postulados y el orden establecido por el sistema totalitario mercantil”. Corrons revelaba este lunes que  sabe “de buena tinta” que algún partido político “ha dado instrucciones expresas a sus equipos de comunicación para hacer un seguimiento de mis publicaciones e intervenciones públicas en las redes sociales y en los medios”.

La seguridad y el orden público son básicos para asegurar los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos.  Las fuerzas de seguridad y el Estado deben proporcionar el contexto para que las personas vivan a través de estos derechos.

Pese a ello, Amnistía Internacional ha apuntado en numerosas ocasiones que  ”hay quienes piensan que los derechos humanos son un obstáculo para la labor de las fuerzas de seguridad y que es normal que éstas se salten un poco las normas para llevar a cabo su tarea de forma eficaz”. Una justificación del uso de la violencia o el control excesivo de las personas. “Cuando quienes integran las fuerzas y cuerpos de seguridad cometen violaciones de derechos humanos, están haciendo un uso distorsionado de esos poderes que no se corresponde con la labor que la sociedad les ha encomendado”.

La formación en derechos humanos es clave

En 2011,  Amnistía Internacional publicó un informe sobre la formación en derechos humanos de las fuerzas de seguridad españolas. En él aseveró que  la “asignatura pendiente” sigue siendo la formación “y la interiorización”  del valor de los derechos humanos fundamentales entre sus miembros.

Según el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos y los proteja “fomenta la cooperación de la comunidad y aumenta la confianza en el sistema”. Algo que podría ayudar a la solución pacífica de conflictos y denuncias.

Sin embargo, ante estos casos, la clase política dirigente ha respondido con un endurecimiento de las leyes.   Así, por ejemplo, Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, utilizó la ley contra desórdenes públicos para multar a participantes de manifestaciones no “notificadas” . También el pasado domingo presentaba un proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que esta preparando el Ministerio de Interior, asegurando que incluirá medidas “que no gustaran a una parte de la población”.

Detenciones mediáticas
  • 29 Marzo 2012. Detención de Laura Gómez, sindicalista de la CGT, por altercados frente a la Bolsa de Cataluña.Además, hubo cerca de 79 personas detenidas en Cataluña, 38 en Navarra y otras muchas en toda España acusadas de desorden público

*Artículo publicado en Sesión de Control

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